Esta semana ha entrado en vigor un nuevo real decreto sobre los informes de compatibilidad con las estrategias marinas que, por primera vez, pone freno a la minería submarina en aguas españolas. Era una demanda de Ecologistas en Acción y otros grupos ecologistas ante el creciente interés por los potenciales yacimientos situados en montes submarinos al sur de las Islas Canarias y frente a las costas de Galicia y del Cantábrico.

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