La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un proyecto de directiva que amplía el listado de delitos medioambientales y prevé la imposición de sanciones más duras, incluidas fuertes penalizaciones económicas para las empresas infractoras y penas de prisión de al menos 10 años para las personas condenas por hechos más graves. La nueva directiva busca reforzar la protección de la naturaleza y el medio ambiente y garantizar que en todos los países se imponen penas disuasorias suficientemente rigurosas para evitar, sobre todo, los daños deliberados o por negligencias.