La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un proyecto de directiva que amplía el listado de delitos medioambientales y prevé la imposición de sanciones más duras, incluidas fuertes penalizaciones económicas para las empresas infractoras y penas de prisión de al menos 10 años para las personas condenas por hechos más graves. La nueva directiva busca reforzar la protección de la naturaleza y el medio ambiente y garantizar que en todos los países se imponen penas disuasorias suficientemente rigurosas para evitar, sobre todo, los daños deliberados o por negligencias.
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La Comisión Europea propone penas de 10 años de cárcel como mínimo para los delitos medioambientales más graves
“dejar que los violadores de la ley actúen con impunidad socava nuestro esfuerzo colectivo para proteger la naturaleza y la biodiversidad, luchar contra la crisis climática, reducir la contaminación y eliminar residuos”.
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