El pasado 7 de junio se aprobó el proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que ahora tendrán que desarrollar las comunidades autónomas para su aplicación. España se une así a Francia e Italia, que ya contaban con sus propias leyes.
Esta ley refleja la preocupación que existe por el uso que la agricultura y la ganadería hacen de los recursos naturales y el impacto que tienen sobre el cambio climático.
El desperdicio alimentario tiene una gran carga emocional para una gran parte de la población urbana, en parte debido a nuestra educación católica (“niño, no dejes nada en el plato que hay gente que pasa hambre”). Nos han inculcado la idea de que evitar el desperdicio en los países ricos evita el hambre en los países pobres, lo cual no es cierto.
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